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La política pública educativa: una campaña del desierto integral

Tadeo Bourbon 2

El Gobierno nacional desplegó políticas de inspiración neoliberal, conservadora y neocolonial. Los retrocesos en materia de derechos y garantías ciudadanas  se visibilizan en el campo de la educación pública, donde se reabren intensos debates acerca de que se entiende por  una buena educación.

 

Por Pablo Imen* | Fotos: Tadeo Bourbon, Veinticuatro/Tres y Andrés Álvarez

 

El Presidente Mauricio Macri lleva casi un año y medio de mandato, tras acceder a la Gobernación con una serie de promesas que fueron formuladas en términos abstractos, y no pocas veces enunciando formulaciones contradictorias. En su discurso de asunción se comprometió a tres objetivos fundamentales: lograr la pobreza cero, terminar con la grieta entre los argentinos, combatir el narcotráfico. En su campaña había juramentado sostener lo que se había hecho bien y aseguró que ningún derecho sería conculcado. En el debate final con Daniel Scioli, previo a la contienda electoral, negó que devaluaría, que practicaría tarifazos y que promovería despidos masivos. También aseguró que la inflación era un tema fácil de resolver, y que con el nuevo gobierno de Cambiemos retornaría la confianza de los inversores asegurando un crecimiento sostenido del país. Todo esto está registrado en documentos audiovisuales, de manera que un repaso por sus políticas es un rotundo desmentido a toda promesa de campaña que fuese en un sentido democratizador, igualador, participativo.

Es importante señalar este hecho incontrastable porque en la retórica macrista la “evaluación” constituye un elemento sustantivo de la política pública. Por ejemplo, si alguien promete pobreza cero e incrementa en un año y poco más el número de pobres en un millón y medio; o si se promete una inflación que en 2016 sería del 20 al 25% culminando con más del 41%; si se aseguró que se iba a proteger el empleo y hubo una masiva política de expulsión de trabajadores del Estado con la compañía oportunista del sector privado lucrativo, podemos decir que el gobierno está reprobado en materia de promesas preelectorales.

Esta brecha entre el decir y el hacer es un elemento constitutivo de la política pública macrista, y la educativa no es una excepción.

“El Consejo Federal de Educación, reunido en Purmamarca, afirma la unánime voluntad de construir sobre lo construido a lo largo de estos años, en pos de concretar los desafíos pendientes”. Tal fue el inicio de una declaración del ámbito que reúne a las carteras educativas nacionales y provinciales, emitida el 12 de febrero de 2016.  En otras palabras, se estaba reconociendo que durante los gobiernos previos (2003-2015) hubo políticas valiosas que debían ser preservadas y que, por tanto, serían retomadas y desplegadas por el nuevo gobierno.

Los hechos que desmintieron estas promesas de continuidad llegaron pronto: se procedió a la desvinculación de centenares de personas afectadas a los equipos centrales del Ministerio de Educación de Conectar Igualdad, de los programas de Memoria, la Coordinación de Publicaciones, los programas de Educación Sexual Integral, Educación y Prevención de Adicciones, Comunidad y Convivencia Escolar, el Plan de Lectura, etc. Sin embargo, a diferencia de otros procesos, no se cerraron nominalmente esas dependencias sino que conservaron la denominación aunque fueron virtualmente vaciadas.

Andres Alvarez

Ese primer año hubo negociaciones paritarias pero la reconfiguración de la cartera educativa se tradujo en consecuencias muy concretas: el desmonte de los equipos nacionales dejó a manos de las provincias, de hecho, la continuidad de los programas. Esta “descentralización de facto” se fortaleció con reducciones de partidas a las provincias y con la introducción de Organizaciones No Gubernamentales en algunos programas educativos, o la promesa de su incorporación a futuro.

Este proceso de destrucción de lo existente fue justificado sucesivamente por el actual ministro, Esteban Bullrich, en diversas intervenciones públicas. En septiembre de 2016 eligió un lugar paradigmático (Choele y Choele, uno de los lugares donde impactó el genocidio originario del Estado Nacional), para avisar a las y los desprevenidos: “Hace muy poquito cumplimos 200 años de nuestra independencia y planteábamos con el presidente que no puede haber independencia sin educación, y tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación”. Un mes más tarde completó una panorámica de su visión del Siglo XIX y la construcción del Estado Nacional: “No tenemos que dormirnos en la leyenda del sistema educativo argentino, hay que cambiarlo, no sirve más…está diseñado para hacer chorizos, una máquina de hacer chorizos, todos iguales. ¿Por qué? Porque así se diseñó el sistema educativo, se diseñó para hacer empleados en empresas que tenían que repetir una tarea todo el día, que usaban el músculo, no el cerebro. Y nunca lo cambiamos”.

La combinación de ambas declaraciones –aquella que exalta a su modo la autodenominada “Campaña del Desierto” y la segunda, que lapida la educación pública sarmientina –resulta la expresión sincera de un proyecto inconfesable: la reconfiguración del sistema educativo en línea con los requerimientos de la acumulación de capital. Con esta tercera declaración –esta vez en la 22° Conferencia de la Unión Industrial Argentina– cerramos un rompecabezas inviable: “Queremos que la educación argentina sea una de las mejores del mundo. Si tenemos la mejor educación tendremos las mejores empresas del mundo. Para eso debemos preparar recursos humanos de excelencia. Debemos recorrer juntos el camino. Estoy agradecido de estar parado acá. Me paro ante ustedes como gerente de recursos humanos, no como ministro de Educación”.

El cierre del ejercicio 2016 terminó con otra mala noticia para la educación pública, pues el presupuesto educativo tuvo un nivel de sub ejecución de más del 10% del total, es decir, unos doce mil millones de pesos. Es importante tener en cuenta que el presupuesto 2015-2016 preveía una inflación menor al 25% y que las políticas económicas dispararon el índice por encima del 40%. Tal hecho se expresó en que con el dinero del presupuesto aprobado podían comprarse menos cosas que antes, pero además una parte importante del mismo no fue ejecutada.

Mientras tanto, en diciembre de 2016 se anunciaron nuevos y masivos despidos en el Ministerio de Educación que generaron acciones de protesta, y el verano de 2017 se recalentó por la decisión del ministro de no implementar las negociaciones paritarias nacionales. Uno de los argumentos para incumplir un mandato que estaba en la Ley de Financiamiento Educativo y en la Ley de Educación Nacional, sostenía que en la paritaria anterior se estableció que el incremento salarial iba a ser al menos un 20% por encima del salario mínimo. Y, por otra parte, Bullrich afirmaba que el ministerio nacional carecía de escuelas a cargo y que las provincias eran las responsables del financiamiento educativo. Ambos argumentos son cuestionables. El salario mínimo corría riesgos de minimizarse dada la explícita definición oficial de que el salario es un costo que obstaculiza la inversión privada. En tal sentido, los techos que intentaron ponerse en todas las negociaciones salariales desconocían las pérdidas de las y los trabajadores respecto de las negociaciones de 2015 (en que la inflación fue el doble de la calculada) y había una notable resistencia gubernamental a convalidar aumentos por encima del 18% para el 2017.

Desde mayo de este año se prevé que la inflación estaría rondando el 30% y no está dicha la última palabra. Es decir, puede ser mayor. Un caso paradigmático ha sido la negociación salarial bancaria, que llegó a casi un 25% y el gobierno atacó frontalmente este acuerdo alcanzado entre las cámaras empresariales y los sindicatos bancarios. Cuando el Ejecutivo nacional se negó a homologar los acuerdos, el Poder Judicial le exigió que lo respete. La respuesta fue pedir el juicio político de los jueces que fallaron a favor de los trabajadores. No es ésta una mera anécdota sino una clave de la política económica y social que ha profundizado la brecha de la desigualdad en la Argentina y multiplicado la pobreza y la indigencia.

El año y medio de la gestión de Cambiemos fue pródigo en transformaciones sustantivas en la orientación de las políticas públicas así como en la (re)configuración de la red institucional del Estado. Pero no se trató, como pudiera imaginarse, de una política de reducción del Estado. Una columna del periodista Mariano Obarrio del diario La Nación –bastión oficialista– se titula “Según un relevamiento, desde que asumió Macri aumentó un 25% la estructura del Estado”. Es decir, que no se trataba de una reducción de las plantillas sino de un recambio de personal –afín al nuevo gobierno– mientras se desarticulaban dependencias sensibles a políticas de justicia social o al esclarecimiento de lo ocurrido en la última dictadura militar, por ejemplo. Lejos del sacrosanto principio de achicamiento del Estado, aquí la política de Mauricio Macri adquirió un carácter que, en una lectura benévola, supuso la ampliación de la red del Estado. Tal ampliación se hace más difícil de explicar dado el sostenido desmantelamiento de los programas sociales de toda índole, lo que generó pérdidas de derechos para personas de casi toda edad y condición, especialmente aquellas y aquellos en condiciones más vulnerables.

Veinticuatro-Tres

 

Volvamos a educación en clave neocolonial

 El escenario va mutando de manera gradual pero sostenida, aunque no sin resistencias de crecientes sectores de la sociedad.

En el mes de abril el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley bajo el título Plan Maestro, cuyos anexos justifican los lineamientos y objetivos que se propone la política educativa. Es preciso advertir que en sus fundamentos se define a la educación como “derecho humano” lo cual marca una novedad de época. Es que un proyecto neoliberal, neoconservador y neoliberal utilice aquellos términos de significación profundamente democrática y libertaria para cubrir un sentido antagónico a la propuesta en curso.

Subejecución presupuestaria, desmantelamiento de equipos centrales, descentralización de programas y financiamiento, introducción del mercado en el sistema educativo, fomento de un sentido tecnocrático, meritocrático y funcional a la acumulación capitalista, avances de una lógica de “calidad educativa” fundada en una pedagogía de resultados, descalificación de la escuela pública y cuestionamiento a los maestros como colectivo reacio a cambios presentados como impostergables. Toda esta batería constituye hasta aquí la artillería de demolición de lo existente.

La respuesta de los colectivos organizados –comenzando por los sindicatos docentes– no se hizo esperar. Se registraron marchas multitudinarias, se puso en funcionamiento una Escuela Itinerante cuyo inicio se vio ensombrecido por una represión injustificable frente al Congreso nacional, se multiplican las acciones de protesta en las provincias sin otra respuesta, por parte del gobierno, que la indiferencia, la amenaza o la sanción. En estos conflictos la provincia de Buenos Aires se destacó por las incalificables iniciativas de la Gobernadora María Eugenia Vidal: frente a los paros, descontó el día y prometió un estímulo para quienes no se sumaran a la medida de fuerza. Por su parte, el Poder Judicial intimó al gobierno a suspender el incentivo antihuelga y a devolver el descuento realizado por atentar contra el derecho constitucional a la protesta. Sin embargo los trabajadores no lograron aún que la Gobernadora obedeciera el mandato de la Justicia.

El escenario es sumamente complejo pues los ensayos de devastación del sistema educativo han dañado parte de las construcciones elaboradas en estos años, pero no han tenido éxito en transformaciones sustantivas del sistema educativo ni han mellado en la subjetividad de buena parte del colectivo docente que continúa las luchas por los más diversos medios.

Es que, como ha probado la historia y la vida, toda política educativa que se pretenda cambios sin los docentes, y aún contra los docentes, está condenada a un rotundo fracaso. Esta vez no será la excepción.

 

*Docente e investigador de la UBA, director de Idelcoop y Secretario de Formación e Investigaciones del CCC Floreal Gorini.

 

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